Asistimos desde hace años a la pugna entre lo privado y lo público, que a pesar de compartir un objetivo común, el bienestar social, son incapaces de ver la necesidad de coexistencia de ambas fuerzas, principalmente en las situaciones como la que actualmente estamos viviendo.

Y ha quedado demostrada la importancia y necesidad de ambas en esta crisis sanitaria: el sector sanitario privado ha contribuido con el sistema sanitario público con más de 143.000 camas y casi 267.000 profesionales además de equipamiento; han puesto a disposición de la sociedad todo su potencial humano y experiencia para aliviar la emergencia sanitaria.

En cuanto a las entidades del Tercer Sector cuyos objetivos (de muy distinta índole) obedecen a las necesidades sociales: sanitarias en este momento y socioeconómicas más adelante, sucede lo mismo: iniciativas privadas se apoyan en lo público si bien las entidades públicas deben su eficacia en parte a la contribución privada. Hemos visto multitud de ejemplos a través de distintas iniciativas de colaboración, donación, préstamo…privados a nivel personal y empresarial (Fundaciones frente al COVID19)

El papel de las entidades del Tercer Sector adquiere mayor relevancia en las sociedades desarrolladas a medida que aumenta su capacidad de atender las necesidades de colectivos determinados, en espacios de tiempo concretos y con cierta urgencia, de forma más eficaz e inmediata que los recursos públicos. Las Fundaciones y otras entidades desarrollan un papel fundamental en las sociedades, desconocido por la ciudadanía (por falta de información) mientras exigen mayor apoyo por parte de los gobiernos, aunque descubran necesidades sociales que las instituciones gubernamentales son incapaces de atender o signifiquen una amenaza competitiva, eso sí, sin ánimo de lucro.

Es necesario apoyar a estas entidades cuya labor constante y silenciosa se dirige allí donde los gobiernos no llegan o no son eficaces y que, en situaciones excepcionales, lo hacen con mayor dedicación, pues esa es su esencia: la defensa del interés general de la sociedad.