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Registro de Titularidades Reales de las Fundaciones

 

El 12 de julio se publicó el Real Decreto 609/2023 que establece la creación del Registro Central de Titularidades Reales, además de aprobar su reglamento. Este Real Decreto, que entró en vigor el 19 de septiembre, tiene por objetivo registrar y publicitar la titularidad real de las entidades jurídicas en España.

Antes de continuar queremos advertir que las Fundaciones no deben hacer nada por el momento, ya que serán los respectivos registros los encargados de actualizar esta información. Se ha generado un revuelo importante ante este cambio normativo y han sido muchas las solicitudes de información en el despacho respecto a esta nueva obligación.

Registro Central de Titularidades Reales

El Registro Central de Titularidades Reales es de naturaleza electrónica, única y central para todo el territorio nacional. Su función principal es registrar a las personas jurídicas españolas, entidades sin personalidad jurídica y otras estructuras que operan en España. Esto incluye entidades gestionadas por residentes en España o aquellas que, aunque no gestionadas desde España o la UE, tengan operaciones o intenciones de hacer negocios en el país.

Las fundaciones y otras entidades están obligadas a informar de la titularidad real dentro de un mes desde su creación y deben actualizar esta información dentro de los diez días siguientes a cualquier cambio. Además, es obligatorio realizar una declaración anual en enero y, si no ha habido cambios, confirmar esta circunstancia.

La información en el registro se conserva durante toda la vida de la entidad y diez años después de su extinción. Los sujetos obligados deben notificar cualquier discrepancia entre la información que poseen y la que aparece en el registro.

Qué es la Titularidad Real

El concepto de Titularidad Real está recogido en Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en base a quien posea o controle el 25% o más de los derechos de voto en el órgano directivo de la entidad. Si no hay individuos que cumplan con ese criterio, los miembros del órgano de representación serán considerados los titulares reales.

Inicialmente, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y el Consejo General del Notariado, entre otros, serán los encargados de trasladar datos de las fundaciones al nuevo registro. Las fundaciones deberán corregir cualquier inexactitud en los datos proporcionados. Es este el motivo por el que las entidades no deben hacer nada en este momento, serán los respectivos registros los encargados de recopilar esta información.

El Ministerio de Justicia gestionará el Registro Central de Titularidades Reales, ubicado en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Será accesible para autoridades nacionales e internacionales, sujetos obligados y terceros con interés legítimo. Las fundaciones tienen la obligación de identificar la titularidad real de sus donantes y beneficiarios, considerándose este interés como legítimo.

La Ley 10/2010 ha sido enmendada para establecer las condiciones de acceso al Registro Central.

Adicionalmente, la Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha convenido con el Consejo General del Notariado facilitar a las fundaciones asociadas el acceso a una base de datos sobre titularidad real. Las fundaciones pueden solicitar este acceso vía email. 

La AEF también está dialogando con el Consejo para simplificar el proceso de verificación de datos en el registro y promete mantener informados a sus miembros sobre cualquier desarrollo.

Desde Bados Duplá os mantendremos ante cualquier cambio normativo relevante inherente a esta u otra materia.

Economista y abogado, interesado en los aspectos económicos, sociales y organizativos de las entidades sin ánimo de lucro. Convencido de que es imprescindible que exista un Tercer Sector profesionalizado, que satisfaga de manera eficiente necesidades humanas que, por su propia naturaleza, ni la Administración ni el sector privado quieren o pueden cubrir.

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